La Comisión de la Verdad y
los archivos de inteligencia
Tomado de: https://colombia2020.elespectador.com/opinion/la-comision-de-la-verdad-y-los-archivos-de-inteligencia
Las
comisiones de la verdad, se presume, que deben trabajar en una etapa de
postacuerdo, e incluso en algunos casos en posconflicto. Desde esa perspectiva
el debate en torno a las solicitudes de la Comisión de la Verdad desnuda
situaciones muy preocupantes sobre órganos, herramientas e implicaciones del
Sistema.
Por Jean Carlo Mejía Azuero* Columnista
invitado El Espectador
A diferencia de la Jurisdicción Especial
para la Paz, la Comisión de la Verdad había comenzado actividades sin
sobresaltos más allá de la desconfianza evidente de un sector de la sociedad,
como una prueba clara de un ambiente polarizado. En columnas anteriores hemos
argumentado por qué la Comisión es el epicentro del sistema colombiano para
superar un pasado violento dentro de una democracia. Pero, ¿hemos superado ese
pasado? La cruda realidad diaria parecería indicar que no.
Colombia continúa en conflicto armado en
todo su territorio en donde se está aplicando el derecho internacional
humanitario, especialmente porque continúa existiendo el ELN y ahora con la
reciente ley de sometimiento de los Grupos Armados Organizados (GAO) se
revalida la aplicación del uso de la fuerza de manera ofensiva, lo que
implicaría incluso la posibilidad de bombardeos. Lo anterior significa que las
Fuerzas Armadas siguen operando de acuerdo con su mandato constitucional y ello
implica actividades de inteligencia, infiltración de organizaciones ilegales,
la utilización de información clasificada de acuerdo con la ley, incluso la
necesaria para capturar a los perpetradores de los terribles crímenes contra
líderes sociales.
Teniendo en cuenta este contexto
desafortunado, esta semana se reveló por un medio de comunicación una petición
con cuarenta requerimientos presentada por la Comisión de la Verdad al
Ministerio de Defensa lo que generó un gran debate nacional en
relación con la pertinencia y necesidad de algunos documentos solicitados y las
repercusiones que podría tener en términos de la dignidad de los seres humanos
que han realizado operaciones de inteligencia y contrainteligencia durante los
últimos años y que incluso podrían seguir en esa delicada misión. Este impase
generó pronunciamientos del gobierno, sectores de los retirados y del padre
Francisco De Roux quien finalmente desistió de algunos requerimientos e indicó
que se realizaría una nueva reunión con el Sector Defensa para precisar los alcances
de la información de inteligencia y contrainteligencia pedida.
Cuando se leen y estudian las
normas que estructuran el sistema de justicia para la transición en
Colombia parecen redactadas para un país que estuviera tratando de indagar las
causas de la violencia bélica superada como ha sucedido en la experiencia
comparada. Pero ese país sólo existe en la norma y el deseo de millones y las
comisiones de la verdad se presume que deben trabajar en una etapa de
postacuerdo, e incluso en algunos casos en postconflicto. Desde esa perspectiva
el debate en torno a las solicitudes de la Comisión de la Verdad, en este caso
sobre la actuación de la inteligencia y contrainteligencia de la Fuerza Pública
desnuda en términos generales situaciones muy preocupantes sobre
órganos, herramientas e implicaciones del Sistema.
No obstante, volviendo al tema de los
requerimientos al sector defensa quisiéramos mostrar algunos elementos
importantes. El primero de ellos es que la relación de la Comisión y las
Fuerzas Armadas es excelente. Desde hace más de seis meses se han realizado
reuniones de acercamiento, generación de confianza y conocimiento mutuo,
incluso talleres en relación con miembros de la fuerza pública víctimas como el
de días anteriores en Medellín.
En segunda medida, existe plena
disposición por parte del estamento militar y policial en brindar toda la
información y documentación necesaria para que la Comisión cumpla una misión
que hoy resulta gracias a la subsistencia de la guerra, por lo menos difícil de
caracterizar y entender.
En tercer lugar, existen retos inmensos
para configurar estrictos protocolos de transferencia de documentación y
reserva legal sobre todo la clasificada, tal y como lo prevé la normatividad
vigente (Decreto 588 de 2017) que fue revisada por una Corte Constitucional que
pecó de idealista como todos los que anhelábamos el final completo del
conflicto armado y que obvió el contexto evidenciado al comienzo de estas
líneas (Sentencia C-017 del 2018).
Ahora bien, la Comisión tiene todo el
derecho de solicitar para cumplir su mandato información incluso clasificada;
pero por otra parte se desconoce si la Comisión de la Verdad cuenta con la
infraestructura, los requerimientos técnicos y logísticos para recibir
documentación de inteligencia y contrainteligencia de más de sesenta años, pues
lo solicitado data desde 1953. Igualmente, no se encuentra claro qué
significaría la eventual desclasificación e incluso publicación de información
de inteligencia y contrainteligencia de acuerdo con la sentencia de la Corte
Constitucional sobre la normatividad relacionada con la Comisión, que precisa
que los documentos que pueden demostrar graves violaciones a los derechos
humanos o graves infracciones al derecho humanitario no admiten ningún tipo de
reserva legal. Y aquí el problema se tornaría mayúsculo pues no se sabe quién
calificaría y con base en qué criterios cuándo una información o documentación
pública o clasificada de inteligencia prueba que se han violado o infringido
derechos humanos y el derecho humanitario.
Finalmente, a nivel técnico la Comisión
carece, de acuerdo con nuestra información, de personal conocedor de derecho
operacional, inteligencia y contrainteligencia militar y policial, polemologos
o sociólogos de la guerra, expertos en doctrina e incluso en DIH desde una
concepción no antimilitarista como lo sostienen otras fuentes. Lo anterior
puede incrementar la desconfianza sobre el cumplimiento transparente y objetivo
de su mandato.
No hay duda que el conflicto armado en
Colombia se diferencia de las dictaduras del Cono Sur que sustentaron la
creación de comisiones de la verdad, o de los casos de guerras civiles
centroamericanas, pero no es desconocido que se han trasplantado metodologías y
experiencias que ven al Estado como el comienzo y el final de todos los males y
eso evitaría construir una verdad extrajudicial y una memoria en donde nos
veamos todos reflejados como nación. Con la debida independencia y respeto por
las misiones constitucionales es mucho lo que deben seguir colaborando el sector
militar y policial con la Comisión de la verdad. Pero por ahora, vale
preguntarse ¿Estamos en otro capítulo más de una transición sin transición?
Amanecerá…
*Asesor y Consultor internacional.