PETICIONES
ENTREGADAS A LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
Ciudad de México a 15 de enero 2020
El 1 de marzo de 2008 fueron asesinados cuatro estudiantes
mexicanos: Verónica Natalia Velázquez Ramírez, Soren Ulises Avilés Ángeles,
Fernando Franco Delgado y Juan González del Castillo y herida de gravedad Lucía
Andrea Morett Álvarez en el ataque e invasión en territorio ecuatoriano que
realizó el Ejército y Policía de Colombia contra el campamento diplomático de
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP)
ubicado en la provincia de Sucumbíos en territorio de Ecuador.
Desde el momento en que las familias nos enteramos del asesinato
de nuestros hijos el apoyo del gobierno mexicano se ha ubicado entre lo mínimo
y lo nulo, de ahí que en el mismo marzo de 2008 conformamos la Asociación de
Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos, Ecuador para luchar por
justicia para nuestros hijos, para detener la criminalización que se hacía de
ellos acusándolos de terroristas y narcotraficantes y para lograr el fin de la
persecución contra Lucía Morett.
En marzo de 2009 acompañados por la Liga Mexicana por la Defensa
de los Derechos Humanos (LIMEDDH) presentamos ante la entonces Procuraduría
General de la República (PGR), una denuncia de hechos por el asesinato de nuestros
hijos y las lesiones contra Lucía, señalando como responsables al expresidente
de Colombia Álvaro Uribe Vélez y la cadena de mando subsecuente involucrada en
la llamada Operación Fénix.
Así se fincó la averiguación previa UEDE/041/2009, que a la fecha no ha prosperado por
múltiples impedimentos que mantienen el caso estancado ante las autoridades
mexicanas. Asimismo acudimos a diversas instancias como la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE), Embajada de Colombia en México, Embajada de
Ecuador en México, Comisión Nacional de Derechos Humanos entre otras, donde no
hemos obtenido mayor avance o colaboración con el caso.
En
más de 11 años de ocurridos los sucesos de Sucumbíos hemos realizado múltiples
acciones jurídicas, sociales, políticas, de defensa de los derechos humanos,
hemos sostenido múltiples reuniones con instancias de gobierno, organismos
independientes de derechos humanos dentro y fuera de México en un camino que
hemos transitado con la solidaridad de personas, organizaciones y organismos
independientes y solidarios y donde nuestro propio gobierno nos ha tratado como
exiliados en nuestra propia tierra.
Nuestros
hijos han sido criminalizados en lugar de asumir su carácter de víctimas,
nosotros como padres y familiares hemos tenido que seguir un camino largo y
difícil en busca de justicia cuando el Estado Mexicano debería ser el primero
en interponer ante Cortes Internacionales los juicios correspondientes por el
asesinato y lesiones contra nuestros hijos, situación que incluso mantiene a
Lucía Morett en una situación de zozobra e intranquilidad en su vida jurídica y
personal.
Ante
nuevos escenarios que se abren en nuestro país externamos nuestras peticiones a
que el Estado Mexicano asuma un mayor compromiso con la paz en la región, que
asuma su obligación en defender a ciudadanos mexicanos que fueron víctimas de
delitos en el extranjero, nos parece impostergable que se muestren caminos de
buena voluntad, de compromiso con la verdad, la memoria y la justicia con la
exigencia firme de no repetición de sucesos como la masacre de Sucumbíos y la
atención a las peticiones de los familiares:
1.-
Reconocimiento público del Estado mexicano de la calidad de víctimas de los
jóvenes mexicanos asesinados el 1 de marzo de 2008 en Sucumbíos; Juan González
del Castillo, Verónica Natalia Velázquez Ramírez, Soren Ulises Avilés Ángeles y
Fernando Franco Delgado así como de la sobreviviente Lucía Andrea Morett
Álvarez. Del mismo modo exigir ante los Estados de Colombia y Ecuador el mismo
reconocimiento público. Disculpa pública del Estado Mexicano por las omisiones
y retraso en las averiguaciones.
2.-
Apertura del archivo político del caso Sucumbíos para el conocimiento de la
Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos en ejercicio del
derecho a la verdad, pero también como elementos de coadyuvancia en las
acciones encaminadas en busca de justicia.
3.-
Que se brinden las garantías necesarias, seguridad y apoyo psicológico y médico
a Lucía Morett, sobreviviente de la masacre de Sucumbíos y que 11 años después continúa
padeciendo las secuelas del crimen en su contra.
4.-
Apoyo del Estado mexicano en los procesos de búsqueda de justicia que han
iniciado los padres y familiares de las víctimas mortales, tanto en México,
como en instancias internacionales. Ante ello es necesaria la exigencia de
acceso al expediente jurídico para conocer con claridad el status de este, las
acciones realizadas por el gobierno mexicano y cuál es la atención que han
realizado el Estado mexicano a la demanda contra los responsables directos y
confesos del asesinato de nuestros hijos.
5.-
La impostergable declaración de México en llamado a la paz para el hermano
pueblo de Colombia, la exigencia en el reconocimiento del crimen cometido
contra los estudiantes mexicanos y que cesen las persecuciones que este
gobierno ha desatado contra múltiples ciudadanos en México, tanto de origen
colombiano como de otras nacionalidades.
6.- En un
compromiso inquebrantable con la verdad, la justicia y la no repetición, el
Estado mexicano debe buscar la construcción de espacios, tanto físicos (Plaza
de los Estudiantes) como de análisis que reivindiquen a los jóvenes asesinados
en Sucumbíos, junto con miles de estudiantes mexicanos que han sido asesinados,
desaparecidos y/o víctimas de crímenes de estado atroces en un ejercicio por la
memoria, la verdad, la justicia y la no repetición.