Exigencia de JUSTICIA a más de 11 años del caso Sucumbíos


PETICIONES ENTREGADAS A LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

Ciudad de México a 15 de enero 2020

El 1 de marzo de 2008 fueron asesinados cuatro estudiantes mexicanos: Verónica Natalia Velázquez Ramírez, Soren Ulises Avilés Ángeles, Fernando Franco Delgado y Juan González del Castillo y herida de gravedad Lucía Andrea Morett Álvarez en el ataque e invasión en territorio ecuatoriano que realizó el Ejército y Policía de Colombia contra el campamento diplomático de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) ubicado en la provincia de Sucumbíos en territorio de Ecuador.

Desde el momento en que las familias nos enteramos del asesinato de nuestros hijos el apoyo del gobierno mexicano se ha ubicado entre lo mínimo y lo nulo, de ahí que en el mismo marzo de 2008 conformamos la Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos, Ecuador para luchar por justicia para nuestros hijos, para detener la criminalización que se hacía de ellos acusándolos de terroristas y narcotraficantes y para lograr el fin de la persecución contra Lucía Morett.

En marzo de 2009 acompañados por la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH) presentamos ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR), una denuncia de hechos por el asesinato de nuestros hijos y las lesiones contra Lucía, señalando como responsables al expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez y la cadena de mando subsecuente involucrada en la llamada Operación Fénix.

Así se fincó la averiguación previa UEDE/041/2009, que a la fecha no ha prosperado por múltiples impedimentos que mantienen el caso estancado ante las autoridades mexicanas. Asimismo acudimos a diversas instancias como la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Embajada de Colombia en México, Embajada de Ecuador en México, Comisión Nacional de Derechos Humanos entre otras, donde no hemos obtenido mayor avance o colaboración con el caso.

En más de 11 años de ocurridos los sucesos de Sucumbíos hemos realizado múltiples acciones jurídicas, sociales, políticas, de defensa de los derechos humanos, hemos sostenido múltiples reuniones con instancias de gobierno, organismos independientes de derechos humanos dentro y fuera de México en un camino que hemos transitado con la solidaridad de personas, organizaciones y organismos independientes y solidarios y donde nuestro propio gobierno nos ha tratado como exiliados en nuestra propia tierra.

Nuestros hijos han sido criminalizados en lugar de asumir su carácter de víctimas, nosotros como padres y familiares hemos tenido que seguir un camino largo y difícil en busca de justicia cuando el Estado Mexicano debería ser el primero en interponer ante Cortes Internacionales los juicios correspondientes por el asesinato y lesiones contra nuestros hijos, situación que incluso mantiene a Lucía Morett en una situación de zozobra e intranquilidad en su vida jurídica y personal.

Ante nuevos escenarios que se abren en nuestro país externamos nuestras peticiones a que el Estado Mexicano asuma un mayor compromiso con la paz en la región, que asuma su obligación en defender a ciudadanos mexicanos que fueron víctimas de delitos en el extranjero, nos parece impostergable que se muestren caminos de buena voluntad, de compromiso con la verdad, la memoria y la justicia con la exigencia firme de no repetición de sucesos como la masacre de Sucumbíos y la atención a las peticiones de los familiares:

1.- Reconocimiento público del Estado mexicano de la calidad de víctimas de los jóvenes mexicanos asesinados el 1 de marzo de 2008 en Sucumbíos; Juan González del Castillo, Verónica Natalia Velázquez Ramírez, Soren Ulises Avilés Ángeles y Fernando Franco Delgado así como de la sobreviviente Lucía Andrea Morett Álvarez. Del mismo modo exigir ante los Estados de Colombia y Ecuador el mismo reconocimiento público. Disculpa pública del Estado Mexicano por las omisiones y retraso en las averiguaciones.

2.- Apertura del archivo político del caso Sucumbíos para el conocimiento de la Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos en ejercicio del derecho a la verdad, pero también como elementos de coadyuvancia en las acciones encaminadas en busca de justicia.

3.- Que se brinden las garantías necesarias, seguridad y apoyo psicológico y médico a Lucía Morett, sobreviviente de la masacre de Sucumbíos y que 11 años después continúa padeciendo las secuelas del crimen en su contra.

4.- Apoyo del Estado mexicano en los procesos de búsqueda de justicia que han iniciado los padres y familiares de las víctimas mortales, tanto en México, como en instancias internacionales. Ante ello es necesaria la exigencia de acceso al expediente jurídico para conocer con claridad el status de este, las acciones realizadas por el gobierno mexicano y cuál es la atención que han realizado el Estado mexicano a la demanda contra los responsables directos y confesos del asesinato de nuestros hijos.

5.- La impostergable declaración de México en llamado a la paz para el hermano pueblo de Colombia, la exigencia en el reconocimiento del crimen cometido contra los estudiantes mexicanos y que cesen las persecuciones que este gobierno ha desatado contra múltiples ciudadanos en México, tanto de origen colombiano como de otras nacionalidades.

6.- En un compromiso inquebrantable con la verdad, la justicia y la no repetición, el Estado mexicano debe buscar la construcción de espacios, tanto físicos (Plaza de los Estudiantes) como de análisis que reivindiquen a los jóvenes asesinados en Sucumbíos, junto con miles de estudiantes mexicanos que han sido asesinados, desaparecidos y/o víctimas de crímenes de estado atroces en un ejercicio por la memoria, la verdad, la justicia y la no repetición.



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