“Vamos
a buscar la verdad sin importar quién sea el presidente”: padre Francisco de
Roux
El
presidente de la Comisión de la Verdad, que nace como institución gubernamental
y autónoma este martes, dice que los escándalos que rodean a la JEP son asuntos
sin trascendencia y revela que los militares están dispuestos a enfrentar la
verdad sin actitudes justificatorias ni apologéticas.
Por: Gloria Castrillón y Juan David Moreno/@glocastri y @judamoba/El
Espectador
El
padre jesuita Francisco de Roux está próximo a cumplir 75 años y a posesionarse
como presidente de la Comisión de la Verdad. / Cristian Garavito - El
Espectador.
Con
la posesión de sus 11 integrantes este martes, comienza la vida institucional
de la Comisión de la Verdad, en cumplimiento del Acuerdo Final entre el
Gobierno y las Farc. Será una institución de carácter estatal (financiada por
el presupuesto nacional), pero totalmente autónoma, que tendrá vida por tres
años y que tiene la enorme tarea de esclarecer la verdad de lo ocurrido durante
53 años de conflicto. Su trabajo, a diferencia de la mayoría de entidades de
este tipo que se han creado en otras partes del mundo, se hará en medio de la
confrontación.
En
los últimos cuatro meses los comisionados se han dedicado a la creación de su
reglamento interno y de una metodología de trabajo para cumplir con su mandato.
Se han reunido con víctimas, organizaciones sociales, académicos, expertos,
autoridades, grupos étnicos, de mujeres, la cúpula militar, excombatientes,
empresarios y un listado largo de personalidades, según explicó su presidente,
el sacerdote jesuita Francisco de Roux.
Sus
tareas inmediatas: entregar la metodología para que se enriquezca con
comentarios y aportes de todos los sectores, definir las 27 ciudades donde
harán presencia territorial y encontrar una sede más acorde con su trabajo, que
el padre De Roux define como una “búsqueda apasionada de la verdad como bien
público de todos los colombianos”. Después del lanzamiento de su libro La
audacia de la paz imperfecta, le explicó a Colombia 2020 estos y otros detalles
de una titánica tarea que cumplirán sin importar el cambio de gobierno.
¿Cómo
los recibieron los militares y los empresarios?
Tuvimos
una acogida muy receptiva de los empresarios de Cali y de Medellín, del Consejo
Gremial Nacional, del presidente de la Andi, incluso de los bananeros de Urabá.
Hay preocupaciones y mucho interés en conocer la metodología. Tengo que decir,
con toda sinceridad, que la actitud de las Fuerzas Armadas, en todos sus
estamentos, ha sido la de contribuir a la clarificación, ha sido de apertura a
enfrentar la verdad, sin ponerse en posiciones justificatorias o apologéticas y
con invitación a que comprendamos la racionalidad de ellos y las diferentes
etapas por las que han pasado. Sabemos que tendremos momentos de confrontación
de ideas, pero no serán de animadversiones. No queremos que nadie se sienta
juzgado. No seremos jueces de nadie, queremos ser constructores colectivos de
una verdad difícil.
¿Es
consciente de que el país tiene todas las esperanzas puestas en la Comisión y
más ahora con los escándalos que desacreditan a la JEP?
Ya
nos reunimos con todos los magistrados de la JEP y tenemos mucha confianza en
que el sistema tendrá resultados serios. El escándalo es una maximización de
asuntos que no merecen la mayor trascendencia. Es un ajuste en la constitución
de una empresa. Desafortunadamente empezó a andar con un secretario general que
hizo lo que pensó que estaba en sus manos, con buena voluntad, y posteriormente
llegan la presidenta y los magistrados. Afortunadamente nosotros fuimos
nombrados primero y luego, por decisión colectiva y unánime, nombramos nuestro
secretario. Lo que veo es la mala hora de haber quedado en medio de una campaña
política donde la irracionalidad contra el proceso de paz es enorme y
aprovecharon para montar un escándalo donde no lo había.
¿En
qué se diferencia su trabajo del de la JEP?
La
JEP es la institución que busca la verdad jurídica. Determina quiénes pueden
pasar al proceso de justicia transicional, con una limitación de la libertad y
la imposición de acciones de reparación o restaurativas como pena, controladas
por los jueces, y quiénes, por no aportar a la verdad o por mentir, deben pasar
a la justicia penal y pagar cárcel de 8 a 20 años. La JEP debe enfrentar los
crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Nosotros no tenemos nada que
ver con la justicia, no sentenciamos a nadie. En nuestra tarea invitamos en
primer lugar a las víctimas, porque es nuestra responsabilidad escucharlas y
sentir su dolor. También invitamos a los responsables de todos los lados para
que ayuden en la construcción de la verdad. Queremos darles un reconocimiento
de reputación a todos los que se acerquen a aportar y nos ayuden a entender lo
que nos pasó en un conflicto tan horrible. Pero no podemos pasar a la justicia
ninguno de los testimonios que recibamos, así sean responsables de hechos
acontecidos en el conflicto. El propósito es la reparación y la reconciliación
en los territorios.
¿Cuál será relación entre la JEP y la comisión?
Las
personas que se presenten a la JEP vendrán a la Comisión de la Verdad, ya no
para defender su inocencia frente a jueces o magistrados, sino para contribuir
a la verdad histórica y humana de lo que nos pasó. Estamos detrás de definir
grandes patrones de hechos victimizantes. Tratamos de penetrar en las causas de
esas realidades, por qué sucedieron, qué intereses están detrás, en qué
contextos históricos sucedieron.
¿Ese
es el mandato de la Comisión?
El
mandato nos pide que nos fijemos en las razones por las cuales fueron
victimizados los sectores más vulnerables de la sociedad: las mujeres, los
indígenas, los afros, los campesinos, la población Lgbti. Nos pide que nos
fijemos cómo la coca se metió en esto, cómo participaron los paramilitares,
cómo sufrieron los territorios, cómo se afectó la política, por qué en medio de
tanto sufrimiento los actores de la guerra perseveraron en ella; nos pide poner
atención a los familiares de los participantes de la guerra. Y, en forma
positiva, que nos fijemos en todos los esfuerzos que miles de colombianos
hacían para que la paz fuera posible.
¿Y
cómo trabajarán con la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos?
Distinto
a otras comisiones de la verdad, no tendremos que hacer esta penosísima tarea
de buscar más de 80 mil personas enterradas en fosas comunes o tiradas en los
ríos y que jamás se encontraron. Nosotros vamos a acompañar el esfuerzo de la
Unidad porque nos interesa saber por qué pasó.
¿Cómo
acompasar el trabajo de las tres instituciones?
Hemos
estado reunidos con las presidentas de las otras instituciones, Patricia
Linares (de la JEP) y Luz Marina Monzón (de la Unidad de Búsqueda de
Desaparecidos). Ya tuvimos un taller para no repetir cosas, como que las
víctimas sean obligadas a pasar varias veces por escenarios de dolor; para
ajustar nuestro trabajo en los territorios, para que las personas puedan entrar
por cualquiera de las tres instituciones, pero que inmediatamente se les dé
toda la información y sepan a qué van a cada una. Incluyendo a otras entidades
del Estado, que en una u otra forma participan en el esfuerzo de la justicia
transicional, particularmente la Unidad de Víctimas.
¿Qué
recibirá la víctima por ir a la Comisión de la Verdad?
Nosotros
no reparamos a nadie. Eso lo hacen la Unidad de Víctimas y la Unidad de
Tierras. Lo que la víctima recibe como satisfacción al venir a la Comisión es
su verdad y la valoración de su verdad para la construcción de un país
distinto.
¿Las
víctimas y las personas señaladas de cometer los delitos más graves están
obligadas a comparecer ante la Comisión?
Nadie
está obligado a comparecer. Creo que la única obligación –y estamos en esos
ajustes– es la que puedan imponerles los magistrados de la JEP a las personas
que se presenten allá para dar sus testimonios en el debate de las pruebas. Esa
contribución a la verdad histórica puede ser un atenuante en las sentencias
dictadas por los jueces. Pero lo que no podemos, por norma, es devolverlo a la
JEP.
30.000 secuestros,
al menos, se produjeron con ocasión del conflicto armado interno. Se calcula
que hubo además 220.000 asesinatos.
74.000 ataques a
poblaciones, 10.000 víctimas de tortura, 9.000 despojos de tierras y 2.000
masacres, según la Unidad de Víctimas y el Centro de Memoria Histórica. De este
universo debe encargarse la Comisión de la Verdad.
¿Qué
tanto de esa verdad que queda en la JEP puede servirle a la Comisión como
insumo?
Eso
nos servirá y podemos pedirlo, así como los archivos de la Fiscalía y del
antiguo DAS. Tenemos en el decreto y en la decisión de la Corte todo el derecho
y, cuando sea necesario, el deber de hacerlo. Pero creo que vamos a ser muy
selectivos, porque solo tenemos tres años de mandato.
¿Cómo
van a priorizar los casos que van a ser objeto de estudio?
Se
está haciendo un mapeo, tenemos avanzada la descripción de las grandes
tipologías de la victimización en el país: la gente fue expropiada de sus
tierras, fue obligada a desplazarse, los niños que fueron obligados a ir a la
guerra, los secuestros, las desapariciones forzadas, las extorsiones, las
ejecuciones extrajudiciales. Son categorías de hechos victimizantes. No vamos a
esperar a que las víctimas lleguen; vamos a ir a buscarlas hasta lo más hondo
del país. Eso sí, el testimonio de la víctima es su verdad subjetiva, pero
todavía no es la verdad objetiva, que es lo que tratamos de conseguir, pero uno
parte de ahí. Sin el testimonio profundo de la víctima, usted no puede
plantearse las preguntas serias.
¿Cómo
se hará esa documentación?
Después
de escuchar a centenares de víctimas, vamos a seleccionar algunos casos
emblemáticos y simbólicos que sean los más significativos para ayudarnos a
entender las realidades de fondo que permitieron que esos eventos espantosos se
dieran. Y vamos a tratar de explicar cuáles eran los comportamientos
institucionales, culturales, estructurales, que daban lugar a ese tipo de
realidades tan espantosas. Y luego trataremos de ver cuál es la historia de
esos comportamientos, porque esto no se generó de un momento a otro.
¿Se
van a referir a personas individualmente?
A
nosotros se nos pide establecer responsabilidades colectivas, institucionales y
estructurales, sin señalar a personas. Tenemos que explicar los hechos
respondiendo preguntas pertinentes: ¿Quiénes lo hicieron? ¿Por qué? ¿Por qué se
vieron involucrados en ese tipo de realidades tan complejas? ¿Qué motivos
había? ¿Qué presiones había? ¿Qué elementos culturales los rodeaban? ¿Qué
miedos? ¿Qué sufrimientos? ¿Quiénes, habiendo podido actuar, no lo hicieron? Es
en ese contexto en donde aparecen las responsabilidades.
¿Cómo
se va a construir la verdad?
Es
importante distinguir entre la memoria y la explicación de fondo. La memoria no
es la verdad. La memoria, aunque es muy importante, es falible. La memoria es
subjetiva, lo que a mí me hace sentido, lo que explica mi dolor, las cargas de
recuerdos que marcaron mi niñez y que en alguna forma dicen por qué me metí a
la guerrilla, por qué terminé de paramilitar, por qué actué con ira ante mis
compañeros muertos en el Ejército. La memoria no explica el problema, pero es
absolutamente necesaria para hacer las preguntas pertinentes que pueden llevar
a las explicaciones de fondo.
¿Harán
audiencias públicas?
Nuestro
propósito es tener actos públicos y privados. Dependerá del cuidado que nos
corresponde tener con las víctimas y con las personas que quieran aceptar
responsabilidades. No queremos hacer shows. Lo que nos importa es proteger la
verdad y se requiere no llenarla de ruidos ni de emociones, porque eso
interfiere en el desprendimiento ético que se necesita para buscar la verdad,
cuéstenos lo que nos cueste, así la verdad resulte distinta a las expectativas.
Queremos que se dignifique a las víctimas.
¿Excombatientes
de las Farc se han acercado a la Comisión?
Hemos
conversado con miembros del partido FARC, con toda sinceridad y transparencia,
sobre sus expectativas en este proceso. Ellos nos tienen que ayudar a
comprender las razones del conflicto. Esperaríamos que participen mediante
elaboraciones rigurosas desde su racionalidad para que expliquen las razones
por las cuales las personas y las organizaciones actuaron de determinada
manera. Lo que sí pedimos es que esas narrativas no sean apologéticas ni
defensivas, sino explicativas, autocríticas y que estén abiertas a la
conversación entre los colombianos. El conflicto es muy complicado: los
comportamientos no son normales en un conflicto tan duro.
¿Qué
fue lo más grave que pasó?
La
dignidad humana fue profundamente vulnerada por este conflicto. Los silencios y
la falta de reacción de la sociedad ante la barbarie que estábamos viviendo.
Acabamos de ver a todo Ecuador levantado por tres periodistas. Nosotros vimos
pasar barbaries y barbaries, sin hacer nada, lo cual pone en evidencia una
crisis humanitaria muy profunda. No solo por las personas que morían, sino por
la falta de comprensión como sociedad de que la muerte de un indígena o de un
afro era la muerte de todos nosotros. Es una vulneración de nuestro valor como
seres humanos y ciudadanos colombianos. Ahí está la herida profunda.
¿Qué
está en juego con este proceso?
Nuestra
dignidad, esta grandeza que no se la debemos al Gobierno, al Ejército ni a la
guerrilla. Tampoco a los políticos. Queremos contribuir a que juntos nos
rescatemos de esa realidad tan dura, postrante, indignante.
¿Cómo
evitar que la verdad abra más heridas?
De
ninguna manera queremos que esto nos lleve a acrecentar los señalamientos, el
espíritu de venganza o el propósito de destruirnos unos a otros. Todo lo
contrario, que generemos una comprensión dentro de nosotros mismos, una acogida
colectiva de nuestro dolor y drama. Una verdadera compasión de nuestras propias
familias y de nuestras regiones para que desde allí podamos construir un país
desde la diferencia, hacia el futuro.
Hay
candidatos presidenciales que no están de acuerdo con este sistema. ¿Hay temor
de que se toque la Comisión en el cambio de gobierno?
Para
nosotros lo que está en juego es un problema mucho más profundo que lo que se
plantea en la controversia política. Esto lo vamos a hacer, no importa quién
sea el presidente. Para nosotros el problema no es lo político, es el problema
de nosotros como seres humanos. Eso es lo que está en juego. No está en juego
quién gobierne. Cuando vinieron los premios nobel, el mensaje fue: “Entiendan
que esto no es un problema de quien sea el presidente de la República. El
problema es de ustedes. Ustedes son los que tienen que establecer las
condiciones de la reconciliación, de la paz, y si ustedes no lo hacen, no hay
gobierno que valga, nadie lo podrá hacer”.
Los
comisionados de la Verdad
1.
Francisco de Roux, presidente de la Comisión. Sacerdote jesuita, filósofo y
economista. Fundador de la Corporación Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y
del primer laboratorio de paz de Colombia.
2.
Alfredo Molano Bravo. Sociólogo, doctorado honoris causa, columnista, cronista
y escritor de una veintena de libros sobre los orígenes del conflicto armado en
Colombia.
3.
Saúl Franco. Médico, Ph.D. en salud pública. Cuarenta años de experiencia como
docente universitario e investigador de la violencia y el conflicto armado.
4.
Marta Ruiz. Es periodista y tiene una experiencia de más de 15 años cubriendo
el conflicto armado interno.
5.
Alejandro Valencia Villa. Abogado con experiencia en la promoción y defensa de
los derechos humanos, así como en verdad histórica.
6.
Lucía González. Arquitecta. Cuenta con una larga trayectoria de trabajo en
temas de memoria y en la formulación de proyectos relacionados a la cultura y
la transformación social.
7.
Carlos Guillermo Ospina. Abogado y profesional en ciencias militares. Desde
2013 lidera la Asociación Colombiana de Militares Víctimas del Conflicto
Armado.
8.
Carlos Martin Beristain. Médico y psicólogo español, el único extranjero
elegido. Tiene amplia experiencia en atención psicosocial de víctimas en el
mundo y ha hecho parte de varios procesos de construcción de verdad en América
Latina.
9.
Patricia Tobón Yagarí. Indígena embera, abogada especializada en derecho constitucional.
Ha documentado la vulneración de los derechos humanos en los territorios
indígenas.
10.
Alejandra Miller. Economista y magíster en estudios políticos. Se ha
desempeñado como investigadora y profesora universitaria y cuenta con larga
trayectoria en el tema de género.
11.
Ángela Salazar. Líder social oriunda del Chocó. Desde 2006 ha sido coordinadora
y vocera voluntaria de la Mesa Departamental de Víctimas del Conflicto Armado
de Antioquia.
¿Qué
es la Comisión de la Verdad?
Se
denomina Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No
Repetición. Es una entidad autónoma, de carácter extrajudicial, cuya misión es
garantizar el derecho a la verdad de las víctimas del conflicto armado y
esclarecer los hechos sucedidos. En ese sentido pretende reconstruir un relato
que contribuya a forjar un futuro en convivencia y con garantías de no
repetición.
¿Qué
significa que goce de un carácter extrajudicial?
La
Comisión de la Verdad no administrará justicia. La información que recibe,
tanto de las víctimas como de instituciones y organizaciones, tiene como fin
crear un relato de manera integral y profundo.
¿Cuál
es su mandato?
La
comisión debe producir un informe que permita el esclarecimiento y
reconocimiento de los patrones graves de hechos ocurridos durante el conflicto.
Además, tiene la misión de atribuir responsabilidades colectivas del Gobierno
(y demás poderes públicos), las Farc, los paramilitares o cualquier otro grupo;
establecer la relación del conflicto con el desplazamiento forzado y el despojo
de tierras, entre otros.
Es
autónoma
Aunque
es parte del Estado, no depende de ningún gobierno ni del sistema judicial
ordinario. No pretende contar una verdad oficial.
¿Cuándo
empezará a funcionar?
Sus
comisionados fueron elegidos en noviembre pasado y en este tiempo han
estructurado su metodología. Sus tres años de mandato comenzarán a correr a
partir de noviembre de 2018.
Enfoque
territorial
Promete
estar en los lugares más alejados del país para construir su relato.