Los silencios de la universidad colombiana: el caso de la
socióloga Liliany Obando
Por
Miguel Ángel Beltrán Villegas.
26-04-2014
El 8 de agosto de 2008, fue privada de la
libertad la defensora de Derechos Humanos Liliany Patricia Obando Villota; su
detención realizada en el marco de la llamada “Farc-política”, constituiría el
principio de una larga cadena de persecuciones contra opositores y dirigentes
políticos y sociales que bajo la mal llamada “política de Seguridad
Democrática” serían judicializados con pruebas ilícitas e ilegales como los
computadores del jefe guerrillero “Raúl Reyes” supuestamente obtenidos en un
operativo militar conocido como “Operación Fénix”, violando derechos
fundamentales y tratados internacionales.
-Liliany Obando
y Miguel Ángel Beltrán -
Liliany fue procesada por los delitos de
rebelión y administración de recursos relacionados con actividades terroristas
y tras un largo proceso plagado de irregularidades, condenada por rebelión a 70
meses de prisión domiciliaria y al pago de una multa de $707.000.000 millones
de pesos (cerca de 400 mil dólares). Durante el juicio que se prolongó por
cerca de cuatro años, esta defensora de Derechos Humanos fue recluida, en
condiciones inhumanas e indignantes en la cárcel de mujeres del “Buen Pastor”,
negándosele en nueve ocasiones su solicitud de prisión domiciliaria.
Ante esta arbitraria condena la defensa
interpuso un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, pero ésta
se abstuvo de estudiar el caso, por lo que actualmente el juez de conocimiento
tendrá que determinar el tiempo que le queda de condena, el cual deberá cumplir
bajo arresto domiciliario, pues gracias a la presión de organizaciones
internacionales defensoras de derechos humanos que han denunciado este
aberrante hecho de persecución política, la justicia colombiana tuvo que
reconocer lo que se sabía desde un principio: que Liliany no representa ningún
“peligro para la sociedad” y que al ser madre cabeza de familita le confería el
pleno derecho a tener la casa por cárcel.
Al momento de su detención los medios
oficiales de comunicación anunciaron con sus acostumbrados titulares
amarillistas que había sido detenida “una de las novias de Raúl Reyes” (El
espectador, agosto 8 de 2008), y desconociendo el derecho constitucional que
tiene todo(a) ciudadano(a) a la “presunción de inocencia”, fue presentada como integrante
de la Comisión Internacional de las FARC, poniendo en riesgo su integridad
personal y la de su núcleo familiar, en particular de sus dos hijos menores de
edad quienes en el momento de la detención fueron objeto de agresiones
simbólicas y amenazas por parte de los organismos de seguridad que allanaron su
residencia.
Liliany es egresada de la carrera de
sociología de la Universidad Nacional y en el momento de su detención se
hallaba cursando el posgrado en estudios políticos que imparte el Instituto de
Estudios Políticos y Relaciones internacionales (IEPRI) en esta misma
universidad. Sus temas de investigación han girado en torno al conflicto armado
y social colombiano y concretamente se han concentrado en el campo de la
sociología rural; como tesis de maestría adelantaba un trabajo investigativo
sobre la historia oral de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria
(Fensuagro).
Con Liliany, ya son varios los miembros de la
comunidad universitaria que han tenido que enfrentar procesos judiciales como
consecuencia de sus liderazgos sociales y su perspectiva crítica; no obstante,
las universidades públicas controladas por sectores tecnoburocráticos -cuyo
horizonte se desenvuelve dentro de las estrechas lógicas del mercado- nada han
hecho por defender los intereses de una academia inmersa, cada vez más, en las
dinámicas del conflicto armado y social que estremece al país. Bajo el discurso
de una supuesta “neutralidad” y el argumento de que “cada quien es responsable
ante la justicia de sus actos”, abandonan a sus profesores y estudiantes
críticos a su propia suerte.
Contrasta esta actitud con el liderazgo que
han asumido universidades latinoamericanas como la Unam en México que en
situaciones críticas han reivindicado su carácter plural y su hondo compromiso
con los procesos de transformación social. Así, ante al asesinato de cuatro
estudiantes mexicanos (tres de ellos pertenecientes a este centro
universitario) en una acción militar contra la guerrilla emprendida por las
fuerzas militares colombianas en el vecino país del Ecuador, y la campaña
mediática desatada por algunos sectores conservadores que pretendían
estigmatizar la universidad afirmando que ella cobijaba en su interior grupos
guerrilleros, el rector de la Unam José Narro fue enfático en afirmar que “Lo
que hay[en la UNAM] es una pluralidad de pensamiento, una manera completa y muy
diversa de ver y discutir las diferentes posiciones y situaciones. Eso es lo
que existe en la universidad, eso es lo que hay todos los días y lo demás son simplemente
señalamientos fuera de lugar, que lastiman a nuestra casa de estudios y que no
estamos dispuestos, de ninguna manera, a aceptar. Los universitarios estamos
acostumbrados y estamos muy orgullosos de nuestra pluralidad, somos muy
orgullosos de la diversidad de formas de ver las cosas”
En ese mismo episodio y frente a la
persecución contra la estudiante de filosofía y letras, Lucia Morett, única
sobreviviente a este ataque, el rector José Narro reiteró que:
“En la Universidad Nacional Autónoma de México
nos regimos por principios como la autonomía, que nos ha facilitado actuar con
libertad frente a los poderes públicos y a organizaciones de distinta
naturaleza. La autonomía nos permite constituirnos en un espacio de libertad
intelectual, en el que se estimula el libre examen y discusión de las ideas.
Para nosotros, el debate inteligente e informado es una de las vías para
conseguir el aprendizaje y la mejor manera de solucionar las diferencias. Somos
y seguiremos siendo parte fundamental de la conciencia crítica de la sociedad”.
No cabe duda que la autonomía universitaria y
la libertad de cátedra han sido dos pilares fundamentales de la universidad
pública latinoamericana -al menos así ha sido desde el Movimiento Estudiantil
de Córdoba- sin embargo en Colombia dichos principios no sólo no se han
desplegado plenamente por la acción de un Estado que por las vías represiva y
financiera ha limitado los espacios de autonomía universitaria; sino también
por la actuación de sus administraciones que en no pocos casos han agenciado la
persecución a profesores y estudiantes críticos.
Lo anterior para no hablar de las
estigmatizaciones, señalamientos y descalificaciones provenientes de algunos
miembros de la misma comunidad universitaria que creen que con el silencio y la
consagración del pensamiento único la universidad garantiza el cumplimiento de
su función social.
El caso de la socióloga Liliany Patricia
víctima no sólo de la persecución de un estado que criminaliza el pensamiento
crítico, sino de la indiferencia de las directivas universitarias que hoy la
mantienen desvinculada de la misma sin atender las circunstancias específicas
que han afectado su desempeño académico, invita a una profunda reflexión en el
contexto de una coyuntura donde se han abierto las posibilidades de una
solución política al conflicto armado y social, donde el tema de las Víctimas
está en el centro del Acuerdo del Gobierno Nacional con la Insurgencia Armada de las FARC.