México D.F. a 1 de agosto de 2011.
Ministro Juan N. Silva Meza
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Presente.
Señor Ministro:
Lo distraemos de sus ocupaciones con esta extensa misiva que esperamos comprenda que es para nosotros fundamental. A través de los medios de comunicación nos hemos enterado que sostendrá un encuentro oficial con el Sr. Juan Manuel Santos Calderón, presidente de Colombia. Sobre esta reunión es nuestro interés señalar la responsabilidad legal que esta persona tiene por la muerte violenta de nuestros hijos. Precisamente hoy se cumplen 41 meses del cruel asesinato en Ecuador de los jóvenes universitarios Soren Avilés Ángeles, Fernando Franco Delgado, Juan González del Castillo y Verónica Vélázquez Ramírez y del intento de homicidio, lesiones y torturas contra Lucía Morett Álvarez, quien de milagro sobrevivió. Como recordará, el 1 de marzo de 2008 el gobierno de Colombia realizó un operativo militar en territorio de Ecuador lanzando bombas de fragmentación y un ataque con disparos desde aire y tierra que provocó la muerte de 25 personas. Si bien esta acción ilegal fue condenada por el Sistema Interamericano, incluyendo a nuestro país, lamentablemente no se llegó a sancionar a los responsables de las graves violaciones al derecho internacional y los derechos humanos.
A pesar de que el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez y el actual, Juan Manuel Santos, han declarado en varias ocasiones haber ordenado ese ataque y por tanto son responsables confesos de los delitos que ahí se cometieron, hasta el momento sus altos cargos y las relaciones políticas con gobiernos afines los han salvado de ser procesados; incluso han intentado justificar las flagrantes violaciones que cometieron criminalizando a nuestros hijos, acusándolos de delincuentes y terroristas. Asimismo le han negado al poder judicial ecuatoriano la capacidad de llamar a juicio a quienes invadieron su territorio. Así, el pasado 23 de junio, el presidente Santos declaró que protegería y que le daba “coraje” que fuera procesada la cúpula militar y policial de su país y que todos los uniformados que participaron en la llamada “Operación (Fénix) lo que merecen es el aplauso, el apoyo y la admiración no solamente del pueblo colombiano, sino del mundo entero". Reiteró Santos que junto con el Sr. Uribe “ordenaron el ataque a las FARC… “O sea que si hay algún responsable soy yo".
Resulta absurdo que Colombia niegue la jurisdicción a la justicia ecuatoriana para procesar a quienes cometieron delitos en su país y, por el contrario, le hayan fincado a Lucía Morett un proceso judicial en Bogotá sin fundamentos y por hechos sucedidos fuera de su territorio. Asimismo resulta aberrante que en contra de Lucía exista una orden de detención internacional promovida desde julio de 2009 ante la Interpol por el propio gobierno colombiano que atentó contra su vida y que pretende desacreditarla como testigo de la muerte de sus compañeros y de delitos de lesa humanidad. Frente a todo ello nos preguntamos: ¿Qué más pruebas necesita el Estado mexicano para actuar conforme a derecho contra quienes les quitaron la vida a nuestros hijos? ¿Por qué la denuncia de hechos que presentamos ante la PGR no ha avanzado a pesar de las evidencias de culpabilidad? ¿Por qué, a pesar de solicitarlo en la PGR, el Sr. Santos ni siquiera es citado a declarar? ¿Por qué no se defiende a los connacionales víctimas de delitos en el extranjero?
Esperamos que en la entrevista que comentamos, el Sr. Santos pueda darle alguna explicación sobre la muerte de nuestros hijos más allá de señalar que tenían derecho a quitarles la vida, que es lo que todo el tiempo han declarado. Señor Ministro, como experto en Derecho Penal, como egresado de la UNAM -igual que nuestros hijos-, como presidente de esa Corte, como mexicano sensible ante la ilegalidad y la injusticia, le solicitamos una audiencia, pues no hemos sido atendidos ni como víctimas ni como ofendidos y agraviados por la muerte de nuestros hijos. Esperamos encontrar en esa Corte una asesoría y una ayuda que nos permita avanzar hacia la justicia e impedir que, mediante la fuerza y el poder de un Estado, a la sobreviviente Lucía Morett se le siga arruinando la vida y limiten su libertad y tranquilidad.
Cabe destacar que hasta hoy, cuando están por cumplirse tres años y medio de la masacre en Ecuador, no hemos podido obtener una sola entrevista con funcionarios de alto nivel del gobierno mexicano, la Secretaria de Relaciones Exteriores nunca nos ha recibido a pesar de las reiteradas solicitudes que hemos hecho en ese sentido. Nosotros nos preguntamos: ¿Por qué si el gobierno mexicano pidió a Colombia una indemnización por la muerte de nuestros hijos, -que nosotros no pedimos ni compartimos, pero que suponía un reconocimiento de la culpabilidad- no se ha hecho nada para actuar contra sus victimarios?
Agradeceremos su comprensión y apoyo
Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Presente.
Señor Ministro:
Lo distraemos de sus ocupaciones con esta extensa misiva que esperamos comprenda que es para nosotros fundamental. A través de los medios de comunicación nos hemos enterado que sostendrá un encuentro oficial con el Sr. Juan Manuel Santos Calderón, presidente de Colombia. Sobre esta reunión es nuestro interés señalar la responsabilidad legal que esta persona tiene por la muerte violenta de nuestros hijos. Precisamente hoy se cumplen 41 meses del cruel asesinato en Ecuador de los jóvenes universitarios Soren Avilés Ángeles, Fernando Franco Delgado, Juan González del Castillo y Verónica Vélázquez Ramírez y del intento de homicidio, lesiones y torturas contra Lucía Morett Álvarez, quien de milagro sobrevivió. Como recordará, el 1 de marzo de 2008 el gobierno de Colombia realizó un operativo militar en territorio de Ecuador lanzando bombas de fragmentación y un ataque con disparos desde aire y tierra que provocó la muerte de 25 personas. Si bien esta acción ilegal fue condenada por el Sistema Interamericano, incluyendo a nuestro país, lamentablemente no se llegó a sancionar a los responsables de las graves violaciones al derecho internacional y los derechos humanos.
A pesar de que el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez y el actual, Juan Manuel Santos, han declarado en varias ocasiones haber ordenado ese ataque y por tanto son responsables confesos de los delitos que ahí se cometieron, hasta el momento sus altos cargos y las relaciones políticas con gobiernos afines los han salvado de ser procesados; incluso han intentado justificar las flagrantes violaciones que cometieron criminalizando a nuestros hijos, acusándolos de delincuentes y terroristas. Asimismo le han negado al poder judicial ecuatoriano la capacidad de llamar a juicio a quienes invadieron su territorio. Así, el pasado 23 de junio, el presidente Santos declaró que protegería y que le daba “coraje” que fuera procesada la cúpula militar y policial de su país y que todos los uniformados que participaron en la llamada “Operación (Fénix) lo que merecen es el aplauso, el apoyo y la admiración no solamente del pueblo colombiano, sino del mundo entero". Reiteró Santos que junto con el Sr. Uribe “ordenaron el ataque a las FARC… “O sea que si hay algún responsable soy yo".
Resulta absurdo que Colombia niegue la jurisdicción a la justicia ecuatoriana para procesar a quienes cometieron delitos en su país y, por el contrario, le hayan fincado a Lucía Morett un proceso judicial en Bogotá sin fundamentos y por hechos sucedidos fuera de su territorio. Asimismo resulta aberrante que en contra de Lucía exista una orden de detención internacional promovida desde julio de 2009 ante la Interpol por el propio gobierno colombiano que atentó contra su vida y que pretende desacreditarla como testigo de la muerte de sus compañeros y de delitos de lesa humanidad. Frente a todo ello nos preguntamos: ¿Qué más pruebas necesita el Estado mexicano para actuar conforme a derecho contra quienes les quitaron la vida a nuestros hijos? ¿Por qué la denuncia de hechos que presentamos ante la PGR no ha avanzado a pesar de las evidencias de culpabilidad? ¿Por qué, a pesar de solicitarlo en la PGR, el Sr. Santos ni siquiera es citado a declarar? ¿Por qué no se defiende a los connacionales víctimas de delitos en el extranjero?
Esperamos que en la entrevista que comentamos, el Sr. Santos pueda darle alguna explicación sobre la muerte de nuestros hijos más allá de señalar que tenían derecho a quitarles la vida, que es lo que todo el tiempo han declarado. Señor Ministro, como experto en Derecho Penal, como egresado de la UNAM -igual que nuestros hijos-, como presidente de esa Corte, como mexicano sensible ante la ilegalidad y la injusticia, le solicitamos una audiencia, pues no hemos sido atendidos ni como víctimas ni como ofendidos y agraviados por la muerte de nuestros hijos. Esperamos encontrar en esa Corte una asesoría y una ayuda que nos permita avanzar hacia la justicia e impedir que, mediante la fuerza y el poder de un Estado, a la sobreviviente Lucía Morett se le siga arruinando la vida y limiten su libertad y tranquilidad.
Cabe destacar que hasta hoy, cuando están por cumplirse tres años y medio de la masacre en Ecuador, no hemos podido obtener una sola entrevista con funcionarios de alto nivel del gobierno mexicano, la Secretaria de Relaciones Exteriores nunca nos ha recibido a pesar de las reiteradas solicitudes que hemos hecho en ese sentido. Nosotros nos preguntamos: ¿Por qué si el gobierno mexicano pidió a Colombia una indemnización por la muerte de nuestros hijos, -que nosotros no pedimos ni compartimos, pero que suponía un reconocimiento de la culpabilidad- no se ha hecho nada para actuar contra sus victimarios?
Agradeceremos su comprensión y apoyo
A T E N T A M E N T E
ASOCIACIÓN DE PADRES Y FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS DE SUCUMBÍOS, ECUADOR
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