PRONUNCIAMIENTO DE LA CÁTEDRA LIBERTADOR SIMÓN BOLÍVAR

Alto a la criminalización a nuestra compañera Lucía Morett.

En medio de la contingencia sanitaria se anunció que la Corte Nacional de Justicia de Ecuador (CNJ) aprobó la solicitud de extradición a México y Nicaragua de tres mujeres que sobrevivieron al ataque colombiano contra las FARC en territorio ecuatoriano en marzo de 2008, a raíz del cual Quito rompió relaciones con Bogotá. El presidente de la CNJ, José Troya, dijo que aceptó tramitar la extradición de la mexicana Lucía Morett, quien se encuentra en su país, y de las colombianas Doris Bohórquez y Martha Pérez, que están refugiadas en Nicaragua… Agregó que aceptó gestionar la extradición por pedido del juez penal Francisco Bustos, quien procesa a las tres sobrevivientes por atentar contra la seguridad del Estado ecuatoriano. La documentación sería enviada la próxima semana a la cancillería ecuatoriana para cumplir con los trámites de extradición, indicó Troya[1].
Este anuncio se da en el marco del Informe Anual del Departamento de Estado sobre terrorismo en el mundo, realizado por EE.UU. que dice que:
“Según EE.UU., los tribunales ecuatorianos “son débiles, susceptibles a la corrupción y tienen un gran atraso en casos pendientes”.
A su vez, el documento destaca que los presidentes de Nicaragua, Daniel Ortega, y de Venezuela, Hugo Chávez, mantienen su posición frente a las FARC.
El informe señala que Ortega en 2008 otorgó asilo a cuatro sobrevivientes del ataque a Angostura, la mexicana Lucía Morett y las colombianas Doris Torres, Martha Pérez y Nubia Calderón.
El informe es el primero de este tipo realizado bajo la presidencia de Barack Obama, que repitió numerosas acusaciones que la administración de George W. Bush hizo en el informe del año pasado en la región"[2].
En estos momentos donde los medios de comunicación masiva y el gobierno están dejando temas importantes y de trascendencia nacional como la militarización del país, la huelga de en Cananea, los presos políticos de Atenco, las desapariciones forzadas, la crisis económica y política y bajo la instauración y aceptación por el Congreso, el Estado de excepción y allanamientos de morada, además del reciente préstamo del FMI, se anuncia la decisión de la petición de la solicitud de extradición por parte de la CNJ.
Lucía es víctima-sobreviviente de una acción ilegítima e ilegal del Estado colombiano en territorio ecuatoriano sobre un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que tenía fines humanitarios para buscar soluciónes al conflicto social y armado que vive Colombia, en la cual fueron asesinadas 24 personas, entre ellas nuestros compañeros Soren Áviles, Fernando Franco, Natalia Velazquez y Juan González.
Este acto violó la soberanía de Ecuador y propició el rompimiento de relaciones diplomáticas y demostró la nula voluntad del gobierno de Uribe Vélez a una solución política al conflicto.
Además, en la investigación que se lleva a cabo en los tribunales ecuatorianos, se pretende castigar a las sobrevivientes, y dejar en la impunidad a los perpetradores. Aunado a esto, existe en México una denuncia y una averiguación previa contra Lucía y varios compañeros.
Estos hechos se enmarcan en la criminalización del pensamiento y la acción crítica por lo cual les pedimos que estén pendientes de los acontecimientos y las noticias sobre la petición de extradición de nuestra compañera.
Lucía es testigo y víctima de una masacre perpetrada por el gobierno colombiano y paramilitar de Álvaro Uribe Vélez.Exigimos alto a la impunidad y justicia ante la masacre perpetrada.

¡Alto a la criminalización!
Contra la criminalización de la conciencia y la solidaridad. Por nuestros compañeros... ni un minuto de silencio.
Cátedra Libertador Simón Bolívar.

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