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¿Quién le teme a Lucía Morett?


Por Carlos Fazio /I
La Jornada, 7 de marzo de 2011.
http://www.jornada.unam.mx/2011/03/07/index.php?section=opinion&article=027a2pol

El 1º de marzo se cumplieron tres años del bombardeo quirúrgico extraterritorial ordenado por el ex presidente colombiano, Álvaro Uribe, contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el sector de Angostura, provincia de Sucumbíos, Ecuador. En el marco de una vasta operación de guerra sicológica inscrita en el Plan Colombia, la acción dejó un saldo de 25 muertos, entre ellos Luis Édgar Devia (Raúl Reyes), principal negociador de las FARC, y cuatro estudiantes mexicanos: Soren Avilés, Fernando Franco, Juan González y Verónica Velázquez. Tres mujeres sobrevivieron al ataque y a la ejecución in situ de varias personas. Una era la estudiante mexicana Lucía Morett, quien, herida, fue sometida a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes por miembros de los ejércitos de Colombia y Ecuador.

Planificada y apoyada táctica y logísticamente por el Comando Sur del Pentágono, la llamada Operación Fénix quiso desparramar el conflicto interno colombiano en una zona de gran importancia geopolítica en Sudamérica. Washington buscó involucrar a Ecuador y Venezuela, pero los presidentes Rafael Correa y Hugo Chávez no cayeron en la trampa. De manera complementaria, en medio de una campaña de saturación (des)informativa propia del terrorismo mediático, el gobierno colombiano criminalizó a Lucía Morett y sus cuatro compañeros asesinados, fabricándoles una matriz de opinión que los asimiló a “terroristas internacionales”, bajo el silencio cómplice de Felipe Calderón, socio político e ideológico de George W. Bush y Álvaro Uribe.

Desde entonces, Lucía Morett vive en la semiclandestinidad debido a que Ecuador y Colombia le siguen sendos procesos judiciales. El primero por, supuestamente, atentar contra la seguridad interna de Ecuador. El segundo por la presunta “orquestación de actividades delictivas con fines terroristas y financiación del terrorismo”, lo que derivó en la emisión de una “circular roja” de la Interpol, de búsqueda y captura.

No obstante, en estos tres años, algunos hechos hablan de quiénes son los verdaderos terroristas internacionales. Veamos. El 24 de diciembre de 2010, en Nueva Loja, provincia de Sucumbíos, el magistrado Daniel Méndez Torres, del juzgado primero de garantías penales de Sucumbíos, validó la audiencia de sustentación y presentación del dictamen acusatorio de la fiscalía ecuatoriana (instrucción fiscal número 297-2010), por el delito contra la vida-asesinato, contra Freddy Padilla, ex comandante general de las fuerzas militares de Colombia; Oscar Naranjo, entonces director de la Policía Nacional de Colombia, y el general ® Mario Montoya, ex comandante del ejército colombiano.
Los tres fueron señalados por la fiscalía como “las personas que dirigieron, planificaron, coordinaron y ejecutaron la Operación Fénix” en Angostura, ataque y bombardeo perpetrados materialmente por tropas helitransportadas colombianas, que contaron “con la venia” del entonces presidente Uribe, y que siguiendo la cadena de mando tuvieron que haber sido autorizados por el ministro de Defensa de turno, Juan Manuel Santos, a quien la fiscalía se abstuvo de acusar por la inmunidad que le otorga su calidad de actual mandatario de Colombia.
La instrucción refiere que en un acto de guerra consistente en el bombardeo aéreo con bombas de fragmentación y misiles de alto poder, seguido de la invasión del territorio ecuatoriano por miembros de la policía y el ejército de Colombia, se violaron la soberanía nacional y principios del derecho internacional y del derecho humanitario, y se ocasionó la muerte de 25 personas, entre ellas un ciudadano de Ecuador. Consigna, asimismo, que en el caso del ecuatoriano Franklin Guillermo Aisalla Molina y otras víctimas mortales, las autopsias determinan que fueron ejecutados de manera extrajudicial, a corta distancia (10 a 20 centímetros) y de atrás hacia adelante (en estado de indefensión), y que en un caso se realizaron “disparos post-mórtem”.
A las acusaciones por asesinato de la fiscalía contra el alto mando castrense colombiano se sumó la petición de admisibilidad de Ecuador, para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) analice la presunta ejecución extrajudicial del ciudadano ecuatoriano Franklin Guillermo Aisalla por agentes de la fuerza pública de Colombia, misma que fue aceptada por la CIDH el 21 de octubre de 2010 (Informe número 112/10).

La Comisión Interamericana hizo a un lado las argucias leguleyas de Colombia y admitió el caso, dado que quedó acreditada la incursión de las fuerzas armadas colombianas en territorio ecuatoriano, y a que durante las (11) horas que permanecieron solos en el campamento de Angostura los oficiales colombianos tuvieron bajo su control a las personas sobrevivientes y los cuerpos de los fallecidos, por lo que se puede concluir que “Colombia ejerció jurisdicción extraterritorial sobre la zona sujeta al ataque”. En ese lapso, cuando tenían la obligación de respetar los derechos de las personas sometidas a ese control, Lucía Morett fue víctima de acoso e insinuaciones de carácter sexual por parte de soldados y policías colombianos, y varios prisioneros fueron ejecutados sumariamente, en flagrante violación del derecho a la vida, a la integridad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial, todos ellos en conexión con el artículo 1.1 de la Convención Americana.

Por si faltaran elementos sobre el carácter terrorista del actual régimen colombiano, la propia Fiscalía de Colombia acaba de publicar en enero de este año un informe donde documenta 173 mil 183 asesinatos, mil 597 masacres, 34 mil 467 desapariciones forzadas y al menos 74 mil 990 desplazamientos forzados, crímenes cometidos entre junio de 2005 y el 31 de diciembre de 2010 en virtud de la alianza entre traficantes, paramilitares y gobernantes.

SEGUNDA Y ÚLTIMA PARTE…

Carlos Fazio/ II y última
La Jornada 21 de marzo de 2011
http://www.jornada.unam.mx/2011/03/21/index.php?section=opinion&article=020a1pol

La incriminación del alto mando militar de Colombia durante el último mandato de Álvaro Uribe, incluido el ex ministro de Defensa y actual presidente de la República, Juan Manuel Santos, acusados de asesinato en Ecuador por los hechos de Sucumbíos, aunada a la admisión por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos de la querella presentada por Ecuador en contra de Colombia por la presunta ejecución extrajudicial del ciudadano ecuatoriano Franklin Aisalla, vienen a ratificar el carácter terrorista de un régimen al cual, como señalamos en nuestra entrega anterior, la propia fiscalía colombiana acaba de exhibir como genocida.

La importancia de ubicar al régimen de Álvaro Uribe en la categoría de terrorismo de Estado –situación que se prolonga hoy en el gobierno oligárquico de Juan Manuel Santos– radica en que, al criminalizar a Lucía Morett mediante una fabricación político-judicial-mediática, ella no sólo no puede vivir en libertad, sino que corre peligro su integridad física y existe riesgo de que, de ser capturada, sea sometida a nuevas torturas. Un dato elemental es que Lucía Morett, sobreviviente del Sucumbíos, es una testigo de cargo clave en un eventual juicio penal internacional contra Álvaro Uribe por crímenes de lesa humanidad.

De allí que adquieran carácter fundamental las revelaciones de la fiscalía colombiana que documentan las sistemáticas violaciones de derechos humanos en el régimen Uribe-Santos. Al uso de las fuerzas armadas colombianas como ejército de ocupación en su propio país, que en colusión con narcoparamilitares, parapolíticos y contratistas de megaproyectos provocaron el desplazamiento forzoso de 4.9 millones de personas, se suman los “falsos positivos”, como se conoce la macabra estrategia de asesinar civiles (indigentes, drogadictos, enfermos mentales, adolescentes de barrios marginales) para luego disfrazar sus cuerpos y presentarlos mediáticamente como “guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) abatidos en combate”, y la aparición de sendas fosas comunes en el Meta, una en Macarena, detrás del batallón militar de zona, con 2 mil cadáveres en 2009, y otra en diciembre pasado con mil 505 personas NN. Además, en los tres años pasados se registraron 38 mil 255 desapariciones forzosas, figura que se compone de detención, secuestro, tortura, asesinato y desaparición del cadáver y se tipifica como crimen de Estado.

Conviene recordar que pese a resultar herida de gravedad en el bombardeo, después Lucía Morett fue sometida a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes por militares colombianos y ecuatorianos, y que los procesos penales que enfrenta (incluido un pedido de extradición de Ecuador a México) le dificultan ejercer plenamente sus derechos y su propia representación.

En ese contexto, y con base en un conjunto de evidencias del ataque en Sucumbíos (grabaciones, fotos, investigaciones judiciales, informes periciales, testimoniales de militares, necropsias y otros), hay que destacar que su caso es esencialmente político.

No se trata de un “daño colateral”, porque las autoridades de Colombia sabían que el campamento de Raúl Reyes era de naturaleza “diplomática” y podía haber civiles. Además, el ataque se dio sin que existiera una declaración formal de guerra ni justificación previa. Fue realizado con los agravantes de premeditación, alevosía y ventaja, y con uso excesivo de fuerza en una acción nocturna (cuando las víctimas dormían), con equipo sofisticado (bombas de fragmentación diseñadas para causar muerte o, en su caso, el mayor daño posible, y no con la finalidad de disuadir o lograr una rendición), a lo que se sumó el asesinato de sobrevivientes, de lo que la propia Lucía fue testigo.

Malherida y esposada, tras ser identificada como mexicana (los militares colombianos se quedaron con su pasaporte), sin asistencia de un abogado ni de personal consular fue sometida a un interrogatorio ilegal y extrajudicial por oficiales ecuatorianos, quienes, según se demostró después, estaban coludidos con los atacantes.

El interrogatorio se dio en medio de la extracción sin anestesia de una esquirla de 10 centímetros de largo por tres de ancho, y cuando sufría estrés postraumático resultado del bombardeo. Como demuestra un video militar, bajo intimidación, coacción y amenazas Morett fue “atendida” al margen de todo protocolo ético, humanitario o estándar médico, y filmada desnuda, a pesar de sus protestas. La autoridad militar que la interrogó le provocó dolor y sufrimiento intencionales con la finalidad de obtener información y confesiones que la inculparan.

Con base en ello, Uribe y Santos construyeron la leyenda de que Lucía y sus cuatro compañeros mexicanos asesinados eran “contactos” de las FARC y recibían “entrenamiento” en el campamento, lo que fue desmentido por un cable de la embajada de Estados Unidos en México, fechado el 28 de marzo de 2008 y filtrado por Wikileaks a La Jornada, el cual consigna que estaban allí “de visita”.

A la fabulación colombiana se sumó el presidente de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, José Troya, quien con inexplicable afán persecutorio insiste en solicitar a México la extradición de Lucía Morett, bajo la acusación de que cometió un delito contra la seguridad interior del Estado, previsto en el artículo 147 del Código Penal. Su único argumento es que se encontraba en un “campamento militar de grupos irregulares”. Pero no puede acreditar que las FARC y Lucía buscaban subvertir el orden público, o sustituir o atacar a la fuerza pública de Ecuador. Su presencia allí no prueba nada ni constituye delito alguno, mucho menos contra el Estado ecuatoriano. Por ello México debe declarar improcedente la solicitud de extradición y reclamar el castigo de los culpables del asesinato a mansalva de los cuatro intelectuales mexicanos en plena formación.

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