martes, 1 de marzo de 2011

Conferencia de prensa 24 de Febrero de 2011

“Por la memoria, contra el olvido y por la justicia”

(Comunicado de prensa de la Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos, Ecuador, a tres años del asesinato de nuestros hijos y de la persecución política en contra de la sobreviviente Lucía Morett.)
El 1 de marzo se cumplen tres años del bombardeo colombiano a Ecuador en el que fueron asesinadas 25 personas, entre ellas Verónica Velázquez Ramírez, Fernando Franco Delgado, Juan González del Castillo y Soren Ulises Avilés Ángeles y del intento de homicidio, lesiones y torturas en contra de Lucía Morett Álvarez. Durante 1085 días no solo hemos sufrido la dolorosa ausencia de nuestros hijos, hemos enfrentado el poder y la impunidad del Estado colombiano que, tras arrebatarle la vida a los cuatro jóvenes mexicanos, ha pretendido justificar la infamia que cometió acusándolos de delincuentes y mediante un infundado proceso judicial en Bogotá logró en julio de 2009 una circular roja de la Interpol para la detención internacional de Lucía Morett, situación que se mantiene y que ha invertido los papeles al criminalizar a las víctimas y al colocarse el agresor como ofendido. Denunciamos que hasta en nuestra propia patria hemos sido víctimas de espionaje y amenazas de muerte formuladas por el exembajador colombiano en México, Luis Camilo Osorio, quien con todo cinismo nos confesó que investigaban las actividades políticas de los estudiantes de la UNAM, hechos ilegales que documentamos ante la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Ante este panorama queremos destacar los siguientes puntos:

1. A tres años de distancia reivindicamos la memoria de nuestros hijos que además de formarse profesionalmente abrazaron el sueño latinoamericanista de Bolívar. Insistimos, ellos no eran delincuentes, su estancia en el campamento bombardeado correspondía a legítimas inquietudes sociales y de estudio. Hoy las revelaciones de Wikileakes sobre el caso confirman la condición de civiles de los estudiantes agredidos por la fuerza militar colombiana. Es incomprensible que los medios de comunicación que sin pruebas señalaron a estos jóvenes de terroristas, hoy guarden silencio ante el contenido del cable del 28 de marzo de 2008 emitido por la embajada de Estados Unidos de América en México, que indicó: “carecen de base las acusaciones de que Lucía Morett y los estudiantes asesinados por militares colombianos en Sucumbíos, Ecuador, fueran contactos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en México o que recibieran entrenamiento por parte de esa guerrilla”.
Aunque estas afirmaciones no son ninguna novedad y corresponden a lo que hemos sostenido los familiares de los estudiantes y la propia Lucía Morett, la relevancia de las mismas está en la fuente de la que proceden y la manera en que contribuyen con la verdad de los hechos. El premeditado ataque colombiano a Ecuador, con bombardeos semejante a los que está sufriendo el pueblo Libio, fue en sí mismo ilegal y violatorio del derecho internacional y los derechos humanos. El cable de la Embajada norteamericana hace más evidente la injusticia cometida al mostrar que la mortal agresión afectó además a civiles ajenos al conflicto. Los injustificables argumentos de Álvaro Uribe y los responsables de la masacre, del ataque al terrorismo y de guerra preventiva, se derrumban cada vez más.
2. La resolución de octubre de 2010 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que resolvió que es admisible el reclamo del Estado de Ecuador contra Colombia por el asesinato del ecuatoriano Franklin Aisalla, nos anima en la lucha por la justicia, dado que se trató del mismo evento en el que perdieron la vida nuestros hijos y que incluso son mencionados en el referido proceso. Este fallo histórico que comprende delitos de lesa humanidad es significativo en la medida en que hace posible que este reclamo y los argumentos en que se apoya se hagan extensivos por el asesinato de los estudiantes mexicanos.
3. A fines de 2010 la Secretaría de Relaciones Exteriores de México respondió a la nueva solicitud de la Corte Suprema de Justicia de Ecuador que pidió precisar el sentido del rechazo del 1 de marzo de 2010 sobre la extradición de Lucía Morett al considerar que no era categórica la respuesta del Estado mexicano. Esta última respuesta no se hizo pública en México ni fue dada a conocer a Lucía ni a sus familiares, manteniendo la incertidumbre sobre la defensa de una mexicana a la que no se le comprobó delito alguno y que claramente fue víctima de violaciones a sus derechos humanos. La secrecía con que la SRE ha manejado este asunto contradice el acuerdo que tuvimos de mantenernos informados de los asuntos de nuestro interés; además ha quedado en entredicho el compromiso que hace meses, a través de un diario de circulación nacional, formuló el vocero de esa dependencia de darnos una entrevista al más alto nivel.
4. Hacemos un llamado a las autoridades competentes para analizar y sobreseer los infundados procesos judiciales que con absurdos cargos se han establecido en contra de Lucía Morett y que han implicado una persecución política que no la deja vivir en paz y que han puesto gravemente en riesgo su libertad, seguridad e integridad.
5. En la labor por procurar la justicia para nuestros hijos nos animó la resolución del 24 de diciembre de 2010 del Fiscal de de Sucumbíos, Ecuador, que solicitó a un juez de esa Provincia emitir la orden de aprehensión contra seis altos funcionarios militares y policiales colombianos acusados de ser los responsables de privar de la vida a 23 personas el 1 de marzo de 2008 y en que se incluyen a nuestros hijos. Aunque se abstiene de pedir esta orden para el Sr. Juan Manuel Santos, por ser el actual presidente de Colombia, también es señalado como uno de los culpables de los asesinatos. Es un pequeño avance pero estamos convencidos de que esta resolución a la larga ayudará para que todos los responsables de la masacre sean encarcelados, pues los delitos que cometieron no prescriben.
6. Estos tres años de lucha, de dolor y de grandes adversidades para lograr la justicia hubieran sido más llevaderos si la voluntad política de los funcionarios mexicanos fuera defender resueltamente a sus connacionales y si la declaración de abril de 2008 del Lic. Felipe Calderón, en el sentido de que se iba a hacer la justicia que los padres pedíamos, se hubiera traducido en acciones. Con el paso del tiempo nuestro derecho constitucional de audiencia parece esfumarse, ni el Lic. Felipe Calderón ni la Ministra Patricia Espinosa nos han podido recibir. Hemos insistido en que se escuche el reclamo de justicia para nuestros hijos, víctimas en el extranjero del delito más grave que pueda sufrir el ser humano: la privación de la vida en un acto de Estado calificado como ilegal y violatorio del derecho internacional y humanitario; calificado así por el Sistema Interamericano y el propio gobierno de nuestro país cuando condenaron la agresión de Álvaro Uribe.

SEGUIMOS A LA ESPERA DE SER ATENDIDOS. INSISTIMOS EN QUE POR ENCIMA DE LAS AFINIDADES POLÍTICAS ENTRE GOBIERNOS ESTÁN LAS LEYES Y EL DERECHO QUE LES CORRESPONDÍA A NUESTROS HIJOS COMO CIUDADANOS MEXICANOS Y QUE NOS CORRESPONDE A NOSOTROS COMO FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS DE LA MASACRE.

ASOCIACIÓN DE PADRES Y FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS DE SUCUMBÍOS, ECUADOR
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